Israel ante una encrucijada histórica: las elecciones de 2026, el legado político de Netanyahu y el futuro de sus alianzas internacionales

Profesora Socorro Montes Rodríguez
Egresada de la MA en RRII y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe
Introducción
Las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026 representan mucho más que una competencia entre partidos políticos. Constituyen un momento de reflexión sobre la dirección que ha tomado el Estado de Israel, la naturaleza de su democracia y las consecuencias de una política exterior que durante años ha colocado la seguridad nacional en el centro de sus prioridades. La pérdida de la mayoría parlamentaria de Benjamin Netanyahu obliga a preguntarnos si estamos ante el final de una etapa histórica o ante una reorganización de las fuerzas que han definido la política israelí durante las últimas décadas.
Para comprender la magnitud de este acontecimiento es necesario evitar dos interpretaciones simplistas: considerar que todas las decisiones de Netanyahu fueron equivocadas o asumir que cualquier cuestionamiento de sus políticas constituye una amenaza para la existencia de Israel. Un análisis objetivo exige reconocer tanto las amenazas reales que enfrenta el país como las consecuencias de las decisiones adoptadas para responder a ellas. También exige distinguir entre el gobierno israelí, la sociedad israelí, el pueblo judío y las comunidades palestinas, cuyas experiencias e intereses no pueden reducirse a las posiciones de sus dirigentes.
La tesis de este ensayo es que el futuro de Israel dependerá menos de la sustitución de un primer ministro que de la capacidad de sus instituciones para integrar seguridad, legitimidad democrática, responsabilidad fiscal y una estrategia diplomática que reconozca los derechos y las aspiraciones de los pueblos de la región. Al momento de escribir, el nuevo gobierno todavía no se ha constituido; por tanto, sus posibles políticas se analizan como escenarios y no como decisiones consumadas.
El significado histórico de los resultados electorales
Israel posee un sistema parlamentario de representación proporcional. Los ciudadanos eligen a los integrantes de la Knéset, no directamente al primer ministro. Esta característica permite una amplia representación ideológica, pero también convierte la formación de coaliciones en una condición esencial de la gobernabilidad. La mayoría absoluta de una cámara de 120 miembros requiere 61 escaños. El partido más votado no adquiere automáticamente el derecho a gobernar.
En las elecciones de octubre, el Likud obtuvo 27 escaños y Yashar, encabezado por Gadi Eisenkot, consiguió 21. B’Yachad obtuvo 12; la Lista Conjunta, 11; Los Demócratas y Ra’am, ocho cada uno; Yisrael Beytenu, Judaísmo Unido de la Torá y Otzma Yehudit, siete cada uno; Shas y Sionismo Religioso, seis cada uno. La participación alcanzó el 77.9 por ciento (The Times of Israel 2026). El bloque asociado a Netanyahu quedó con 53 escaños, el de Eisenkot con 48 y las dos agrupaciones árabes con 19. Ninguno de los dos primeros bloques puede gobernar por sí solo.
El 8 de noviembre, el presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación de un gobierno, utilizando las facultades que le confiere la Ley Básica del Gobierno. El 17 de noviembre, Matan Kahana fue elegido presidente de la Knéset por 66 votos frente a 52, una señal de que existe una mayoría legislativa capaz de cuestionar el rumbo anterior, aunque todavía no una coalición ejecutiva consolidada (Presidencia de Israel 2026; Reuters 2026).
Estos resultados no deben interpretarse automáticamente como un desplazamiento de Israel hacia la izquierda. Eisenkot y otros dirigentes de la oposición tienen trayectorias vinculadas a la seguridad nacional y posiciones de centro o centroderecha. El voto puede expresar simultáneamente rechazo a la gestión gubernamental, preocupación por las instituciones y respaldo a una política de defensa firme. La diferencia fundamental reside en cómo se concibe esa defensa y quién debe asumir responsabilidad por sus resultados.
La representación árabe constituye otro elemento de trascendencia histórica. Sus 19 escaños abren la posibilidad de influir sobre la agenda nacional, pero también revelan una contradicción: una democracia que reconoce el derecho al voto de sus ciudadanos debe enfrentar las consecuencias políticas de ese derecho cuando los resultados alteran las mayorías tradicionales. Las denuncias de fraude formuladas desde el Likud deben examinarse mediante procedimientos legales y evidencia verificable. Al 18 de noviembre, las autoridades no habían encontrado pruebas de sobornos electorales en una escala capaz de cambiar el resultado, aunque continuaban otras investigaciones (Lidman 2026). La integridad electoral no se protege desacreditando colectivamente a una minoría.
Netanyahu: entre la seguridad, la permanencia en el poder y la transformación del Estado
Benjamin Netanyahu ha sido una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea israelí. Su trayectoria, iniciada como primer ministro en 1996 y continuada en distintos períodos, refleja una concepción de las relaciones internacionales en la cual la capacidad militar, la disuasión y la alianza con Estados Unidos ocupan un lugar privilegiado. Su experiencia diplomática y su habilidad para negociar coaliciones explican parte de su permanencia política.
Uno de sus logros más importantes fue la normalización de relaciones con varios países árabes mediante los Acuerdos de Abraham de 2020. La apertura de vínculos con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, así como la normalización con Marruecos, demostró que la cooperación regional podía avanzar a partir de intereses económicos y estratégicos compartidos. El acercamiento permitió ampliar las posibilidades de comercio, inversión y colaboración tecnológica. No obstante, no resolvió la cuestión palestina. La premisa de que la integración regional podía sustituir indefinidamente una negociación sobre los territorios palestinos resultó insuficiente para garantizar estabilidad duradera.
En el ámbito económico, Netanyahu defendió una orientación favorable a la iniciativa privada y a la integración de Israel en los mercados internacionales. La expansión tecnológica y la capacidad de atraer capital constituyen fortalezas reales, aunque no pueden atribuirse exclusivamente a un dirigente: dependen también de universidades, instituciones públicas, inversión extranjera y décadas de desarrollo científico. La desigualdad entre sectores de alta productividad y actividades tradicionales plantea límites a la idea de que el crecimiento tecnológico beneficia por igual a toda la población.
Su última etapa gubernamental estuvo marcada por la dependencia de partidos nacionalistas religiosos y ultraortodoxos. Las concesiones necesarias para mantener una mayoría parlamentaria pueden ser comprensibles dentro de un sistema multipartidista, pero dejan de ser meramente tácticas cuando afectan la independencia de las instituciones, la distribución de recursos o las posibilidades de resolver conflictos territoriales. El problema no es la participación de partidos religiosos en una democracia, sino la ausencia de límites claros cuando las preferencias de una coalición entran en tensión con los derechos de otros ciudadanos.
La seguridad nacional y las consecuencias del 7 de octubre
Los ataques dirigidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 constituyeron una ruptura profunda en la percepción de seguridad de Israel. El asesinato de civiles y la toma de rehenes fueron actos injustificables. El Estado tenía la obligación de proteger a su población y responder a una amenaza concreta. Sin embargo, reconocer esa obligación no equivale a otorgar legitimidad automática a todos los métodos empleados en la respuesta militar.
La estrategia de Netanyahu privilegió la eliminación de capacidades militares de Hamás y la restauración de la disuasión. Desde la perspectiva de sus defensores, una respuesta limitada habría dejado intactas estructuras capaces de repetir ataques. Desde la perspectiva de sus críticos, una campaña prolongada sin un proyecto político viable para Gaza podía generar nuevas amenazas, agravar el sufrimiento civil y debilitar la posición internacional israelí. Ambas dimensiones deben evaluarse a partir de resultados y no exclusivamente de intenciones declaradas.
La destrucción de infraestructura civil, el desplazamiento de la población palestina y las dificultades para acceder a servicios esenciales tienen consecuencias que trascienden el campo militar. Una sociedad sometida a una emergencia humanitaria prolongada difícilmente puede construir instituciones legítimas. La reconstrucción de Gaza requiere garantías de seguridad, financiamiento, administración civil y mecanismos que impidan tanto la reconstitución de grupos armados como la utilización arbitraria de la fuerza contra civiles.
También existe una cuestión de responsabilidad interna. Una investigación independiente sobre los fallos de inteligencia, las decisiones políticas y la preparación militar anteriores al ataque permitiría identificar errores institucionales. El gobierno de Netanyahu resistió la creación de una comisión estatal independiente, mientras sus adversarios han defendido esa alternativa (Congressional Research Service 2026b). La investigación no debe convertirse en un instrumento de revancha partidista: debe establecer hechos, distribuir responsabilidades de acuerdo con la evidencia y generar reformas concretas. La seguridad nacional se fortalece cuando las instituciones aprenden de sus errores.
La amenaza iraní añade una dimensión regional. El programa nuclear, los misiles y las redes de aliados armados de Irán representan preocupaciones legítimas para Israel. Pero la disuasión militar no sustituye necesariamente a la diplomacia. Una operación puede degradar capacidades específicas sin eliminar los incentivos para reconstruirlas. El próximo gobierno tendrá que combinar inteligencia, defensa antimisiles, coordinación con aliados y mecanismos diplomáticos de verificación. La pregunta central no es si Israel debe defenderse, sino qué combinación de instrumentos reduce de manera sostenible la probabilidad de otra guerra.
La democracia israelí y el equilibrio entre poderes
La controversia sobre la reforma judicial constituye uno de los aspectos más significativos del legado de Netanyahu. Sus defensores argumentaron que los tribunales habían adquirido una influencia excesiva sobre decisiones que correspondían a representantes electos. Sus opositores sostuvieron que, en un sistema sin una constitución codificada única y con una estrecha relación entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, limitar la revisión judicial podía debilitar uno de los principales contrapesos al poder gubernamental.
La discusión no puede resolverse mediante la afirmación de que los jueces siempre tienen razón o de que toda mayoría electoral debe poseer autoridad ilimitada. Una democracia constitucional requiere mecanismos de rendición de cuentas tanto para los funcionarios electos como para quienes interpretan las leyes. La reforma de la selección judicial y las restricciones a la revisión de decisiones administrativas deben examinarse considerando sus efectos acumulativos sobre la independencia institucional.
La elección de una nueva presidencia parlamentaria abre espacio para revisar algunas de estas medidas. Sin embargo, sería un error sustituir una reforma impuesta por una mayoría estrecha por otra igualmente unilateral. Un acuerdo amplio sobre nombramientos judiciales, derechos fundamentales y procedimientos para modificar las Leyes Básicas ofrecería mayor estabilidad que una sucesión de cambios partidistas.
La situación judicial personal de Netanyahu también exige precisión. Los procesos penales deben resolverse por las autoridades competentes, con respeto a la presunción de inocencia. La crítica política no equivale a una sentencia judicial. Del mismo modo, la legitimidad electoral no exime a ningún dirigente de someterse a la ley. Esta separación es indispensable para evitar que el sistema judicial se convierta en una extensión de la lucha electoral.
Eisenkot y los retos de la formación de un nuevo gobierno
Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, aporta experiencia militar y una trayectoria que puede facilitar el diálogo con sectores preocupados por la seguridad. No obstante, dirigir una institución militar y construir una coalición democrática son tareas diferentes. La segunda exige negociar con actores que poseen prioridades contradictorias y aceptar que la autoridad política depende del consentimiento parlamentario.
Una primera posibilidad sería una coalición apoyada por las agrupaciones árabes. Los 48 escaños del bloque de Eisenkot y los 19 de estas fuerzas sumarían 67. La aritmética resulta favorable, pero las diferencias entre dirigentes como Naftali Bennett y Avigdor Lieberman y los partidos árabes dificultan un acuerdo. El apoyo externo a un gobierno minoritario podría reducir algunas tensiones, aunque haría más compleja la aprobación de presupuestos y decisiones de seguridad.
Una segunda posibilidad sería incorporar partidos ultraortodoxos o establecer una alianza de unidad nacional con el Likud. La primera obligaría a negociar el servicio militar y los subsidios a instituciones religiosas. La segunda podría ampliar la base parlamentaria, pero plantearía una contradicción para quienes prometieron sustituir el liderazgo de Netanyahu. Una tercera alternativa sería la repetición de las elecciones, con el consiguiente costo político y administrativo. Ninguna de estas opciones está garantizada (Associated Press 2026; Magee 2026).
El próximo gobierno deberá definir un programa mínimo antes de distribuir ministerios. Entre sus prioridades deberían figurar una investigación independiente del 7 de octubre, reglas presupuestarias realistas, garantías institucionales, una política clara para Gaza y una estrategia regional que combine seguridad y negociación. Sin acuerdos sobre estos temas, la coalición podría existir formalmente sin poseer capacidad para gobernar.
La integración de los ciudadanos árabes y la discusión sobre el servicio militar de los hombres ultraortodoxos constituyen dos pruebas de equidad. No se trata de exigir uniformidad cultural, sino de construir criterios transparentes para distribuir obligaciones y oportunidades. Un acuerdo sobre servicio militar o civil, educación y empleo debe considerar tanto las necesidades de defensa como la libertad religiosa y la igualdad ante la ley.
La economía de Israel: resiliencia y costos de una seguridad prolongada
La economía israelí demuestra que un país puede poseer una considerable capacidad tecnológica y, al mismo tiempo, enfrentar vulnerabilidades fiscales. El Fondo Monetario Internacional documentó un aumento de la deuda pública del 60 por ciento del producto interno bruto al cierre de 2022 al 68 por ciento al cierre de 2025. También estimó que el nivel de producción se encontraba aproximadamente nueve por ciento por debajo de la trayectoria anterior a octubre de 2023 (FMI 2026). Estos indicadores muestran que recuperarse de una contracción no equivale a recuperar todo el crecimiento perdido.
La OCDE proyectó en junio de 2026 un crecimiento de 3.3 por ciento para 2026 y 5.6 por ciento para 2027, condicionado a una reducción de las hostilidades y a la normalización de la actividad. El FMI presentó posteriormente un escenario de 3.5 y 4.4 por ciento, respectivamente. Las diferencias entre proyecciones ilustran la incertidumbre del entorno, no una contradicción que pueda resolverse seleccionando la cifra más optimista. Ninguna representa un resultado anual definitivo (OCDE 2026; FMI 2026).
Desde la perspectiva económica, el costo de oportunidad de la guerra es fundamental. Cada recurso adicional destinado a operaciones militares tiene usos alternativos en educación, vivienda, infraestructura o salud. Esto no significa que el gasto de defensa sea innecesario, sino que debe evaluarse su eficacia marginal y su sostenibilidad. La movilización prolongada de reservistas reduce la disponibilidad de trabajadores, interrumpe proyectos empresariales y afecta los ingresos de los hogares.
El sector tecnológico ofrece una oportunidad extraordinaria de recuperación. La ciberseguridad, la medicina, la gestión del agua y la inteligencia artificial pueden fortalecer las exportaciones. Sin embargo, la inversión depende de la confianza en las instituciones, de la movilidad internacional y de la estabilidad regulatoria. Una economía innovadora necesita libertad académica, capital humano y relaciones comerciales previsibles. La incertidumbre política puede erosionar precisamente las condiciones que hicieron posible su éxito.
El nuevo gobierno deberá evitar tanto la austeridad indiscriminada como el endeudamiento sin límites. Una política fiscal responsable debería revisar exenciones tributarias, evaluar subsidios, proteger la inversión educativa y ampliar la participación laboral de grupos históricamente subrepresentados. La seguridad económica no consiste únicamente en mantener una moneda estable: consiste en garantizar que el crecimiento pueda sostener las necesidades de una sociedad diversa.
Estados Unidos y Europa: alianzas estratégicas bajo presión
Estados Unidos seguirá siendo un socio esencial para Israel por razones militares, tecnológicas y diplomáticas. La cooperación en defensa, el intercambio de inteligencia y el respaldo político han constituido pilares de la relación bilateral. Sin embargo, sería un error interpretar esa alianza como un compromiso incondicional con cualquier decisión de un gobierno israelí. Washington también responde a sus intereses regionales, a su opinión pública y a la distribución de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.
El próximo gobierno debería procurar reconstruir un respaldo bipartidista en Estados Unidos. Identificar la relación con una sola corriente política puede generar beneficios inmediatos, pero aumenta la vulnerabilidad ante cambios electorales. La cooperación más estable es aquella que se fundamenta en intereses compartidos y en mecanismos institucionales capaces de sobrevivir a la alternancia política.
Europa representa un espacio igualmente importante. Además de sus vínculos históricos con Israel, la Unión Europea constituye un mercado fundamental para sus productos y servicios. En 2025, la Comisión Europea propuso suspender determinadas disposiciones comerciales del acuerdo de asociación con Israel, mientras varios países occidentales reconocieron al Estado palestino (Congressional Research Service 2026b). Una propuesta no equivale a una sanción ya aplicada; tampoco el reconocimiento diplomático crea por sí solo un Estado plenamente soberano. Ambos acontecimientos, sin embargo, muestran que el conflicto palestino tiene consecuencias crecientes para las relaciones internacionales de Israel.
La diplomacia israelí debe distinguir entre críticas legítimas a políticas gubernamentales y expresiones de antisemitismo. El antisemitismo constituye una amenaza real que debe combatirse sin ambigüedad. Pero identificar toda crítica al gobierno con hostilidad hacia el pueblo judío debilita el diálogo con aliados democráticos. A su vez, quienes critican a Israel deben evitar responsabilizar colectivamente a los judíos por decisiones de un Estado. Esta distinción es indispensable para una discusión internacional responsable.
El Medio Oriente y la cuestión palestina
Los tratados de paz con Egipto y Jordania constituyen ejemplos de que la negociación puede transformar relaciones antes dominadas por la guerra. Su preservación requiere atender preocupaciones fronterizas, humanitarias y de seguridad. Los Acuerdos de Abraham ampliaron ese horizonte, pero la normalización con Arabia Saudita tendría una dimensión estratégica distinta por su peso económico, religioso y político.
Riad posee incentivos para cooperar en materia tecnológica, energética y de seguridad, pero también enfrenta costos internos y regionales si la normalización se percibe como una renuncia a la causa palestina. Por ello, una iniciativa diplomática israelí que ofrezca un horizonte político creíble para los palestinos podría facilitar acuerdos que una estrategia exclusivamente militar no puede alcanzar. Esto no garantiza la normalización: dependerá de decisiones soberanas saudíes, estadounidenses e israelíes.
En Gaza, la gobernanza posterior a la guerra es una cuestión central. El presidente Herzog identificó el 8 de noviembre la necesidad de avanzar en el plan de veinte puntos impulsado por el presidente Trump y en las negociaciones regionales (Presidencia de Israel 2026). La implementación de cualquier arreglo requiere definir quién administra el territorio, cómo se garantiza la seguridad, qué autoridad supervisa la reconstrucción y de qué manera participa la población palestina. Un esquema que excluya indefinidamente a esa población de las decisiones sobre su futuro carecerá de legitimidad suficiente.
En Cisjordania, la expansión de asentamientos y la fragmentación territorial dificultan la viabilidad de una solución negociada. Sus defensores invocan vínculos históricos, religiosos y necesidades de seguridad; sus críticos señalan restricciones sobre la movilidad palestina, pérdida de tierras y obstáculos a la autodeterminación. La discusión exige distinguir entre reivindicaciones históricas y obligaciones jurídicas contemporáneas. La seguridad de Israel y la libertad política de los palestinos no deberían formularse como objetivos mutuamente excluyentes.
Una solución de dos Estados enfrenta obstáculos considerables: desconfianza, divisiones palestinas, asentamientos, fronteras, Jerusalén y garantías de seguridad. Sin embargo, rechazarla sin ofrecer una alternativa que asegure derechos políticos y civiles equivalentes deja sin respuesta el problema de fondo. Cualquier modelo futuro debe ser evaluado por su capacidad para proteger vidas, garantizar derechos y generar instituciones legítimas para ambas poblaciones.
Israel ante el derecho internacional y las nuevas potencias
La posición internacional de Israel también depende de su relación con las instituciones multilaterales. La Corte Internacional de Justicia ordenó medidas provisionales en el caso presentado por Sudáfrica en 2024; esas medidas no constituyen una sentencia definitiva sobre la acusación de genocidio. Por otra parte, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes internacionales. Las órdenes no son condenas, y el gobierno israelí ha impugnado la jurisdicción de la Corte (Congressional Research Service 2026b). Es importante no confundir los mandatos de ambas instituciones: una examina controversias entre Estados y la otra responsabilidad penal individual.
La defensa del derecho internacional debe aplicarse de manera consistente. Los ataques deliberados contra civiles, la toma de rehenes y las violaciones de las normas humanitarias deben investigarse independientemente de la identidad de sus autores. Israel tiene derecho a proteger a su población, pero la conducción de hostilidades está sujeta a obligaciones de distinción, proporcionalidad y precaución. La población palestina, por su parte, no puede ser identificada colectivamente con Hamás.
En el ámbito global, Israel necesita diversificar sus relaciones sin comprometer la confianza de sus aliados. India ofrece oportunidades de cooperación en defensa, agricultura y tecnología. China representa un mercado relevante, aunque la participación china en infraestructuras sensibles puede generar preocupaciones de seguridad en Washington. Rusia conserva intereses regionales propios y vínculos con actores que no necesariamente coinciden con las prioridades israelíes. Ninguno de estos socios sustituye automáticamente a Estados Unidos.
En América Latina, África y Asia, la cooperación en agua, agricultura y salud puede ampliar el espacio diplomático israelí. Sin embargo, la diplomacia tecnológica no elimina el impacto de las imágenes de guerra ni las posiciones de los gobiernos sobre Palestina. La influencia internacional de Israel dependerá de la coherencia entre los beneficios que ofrece a otros países y su conducta en el escenario regional.
Escenarios para el futuro y conclusión
El primer escenario es una transición institucional encabezada por Eisenkot que combine una política de defensa firme con reformas democráticas y mayor apertura diplomática. Su éxito dependería de una coalición capaz de aprobar presupuestos, investigar los fallos del pasado y mantener acuerdos regionales. El riesgo principal sería la fragmentación interna ante una nueva crisis de seguridad.
El segundo escenario es un gobierno de unidad con participación del Likud. Podría disponer de mayor capacidad parlamentaria para adoptar decisiones difíciles, pero también podría diluir las exigencias de responsabilidad política que impulsaron el cambio electoral. Su valor dependería de acuerdos verificables sobre instituciones, defensa y liderazgo, no simplemente de la amplitud de la coalición.
El tercer escenario es la prolongación del bloqueo y una nueva elección. En ese caso, el gobierno interino tendría que administrar amenazas regionales y necesidades presupuestarias sin un mandato renovado. La incertidumbre podría afectar la inversión y la capacidad de negociación internacional. No obstante, una repetición electoral tampoco garantizaría una distribución de escaños más favorable a la gobernabilidad.
Los indicadores que permitirán distinguir estos escenarios son concretos: la composición de la coalición, la aprobación de un presupuesto sostenible, el establecimiento de una investigación independiente, las decisiones sobre la reforma judicial, la situación humanitaria en Gaza y la evolución de las relaciones con Estados Unidos y los países árabes. Observar estos hechos será más útil que interpretar cada declaración política como una transformación definitiva.
A mi juicio, la gran lección de estas elecciones es que la fortaleza de un Estado no se mide exclusivamente por su capacidad militar ni por la permanencia de sus dirigentes. Se mide también por la capacidad de sus instituciones para reconocer errores, proteger derechos, administrar recursos y construir relaciones que disminuyan la necesidad de recurrir a la fuerza. Netanyahu deja un legado complejo: avances diplomáticos y una visión estratégica de la seguridad, junto con profundas controversias institucionales, costos humanos y económicos y una cuestión palestina que continúa sin solución.
Israel no puede ignorar las amenazas que enfrenta, pero tampoco puede construir su futuro únicamente a partir de ellas. Su próximo gobierno tendrá la oportunidad de demostrar que la seguridad nacional, la democracia y la diplomacia no son proyectos incompatibles. La verdadera transformación histórica ocurrirá si logra convertir esa posibilidad en una política de Estado que trascienda los intereses de una coalición y reconozca que la estabilidad de Israel está vinculada a la estabilidad y dignidad de los pueblos que comparten su región.





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