Los riesgos y vulnerabilidades de China en América Latina y el Caribe:Una Nueva Doctrina Monroe y el Nacionalismo de Recursos

Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional (ICEPI)

Informe de política

José Gabriel Martínez Borrás, PhD

Asociado de investigación, ICEPI

I. Introducción

Según Bourdille (2025), con el segundo mandato de la administración Trump (2025–2029), la estrategia de Estados Unidos (EE. UU.) hacia el Caribe apunta a disuadir la presencia de la República Popular China (RPCh) en la región. Sin embargo, la RPCh ha expandido su influencia en toda América Latina y el Caribe (ALC), particularmente mediante la inclusión de varios países en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto de cooperación para el desarrollo más grande del mundo y un instrumento clave para que China aumente su influencia en las relaciones internacionales. Esto ha llevado a un "cambio", en el que los países de la región establecen lazos diplomáticos y económicos con China, retirando el reconocimiento de la República de China (es decir, Taiwán) en favor de la RPC, como lo exige la política de "Una sola China" de Pekín (Bourdille 2025). Este giro de los países de ALC se ha producido gradualmente a medida que la influencia y el poder de China han crecido, alcanzando cada vez más a Centroamérica y el Caribe, regiones que Estados Unidos considera tradicionalmente su "esfera de influencia".

Sin embargo, la llegada del segundo mandato de Trump introdujo una retórica contundente que enfatiza la necesidad de recuperar la "esfera de influencia" estadounidense en las Américas en medio de dinámicas globales que cambian rápidamente. Por ejemplo, la administración Trump ha destacado la necesidad de anexar Canadá y Groenlandia y reafirmar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá. Estas declaraciones han generado críticas y rechazo en esos países, pero también respuestas acomodaticias de algunos funcionarios de ALC, impulsadas por presiones económicas, incentivos o incluso la amenaza del uso directo de la fuerza.

Este enfoque se asemeja a un retorno a doctrinas como "el garrote y la zanahoria", la "diplomacia de cañoneras" o el famoso dictamen de Theodore Roosevelt: "habla suavemente y lleva un gran garrote". En el caso actual, la administración Trump ha abandonado en gran medida el componente de "habla suavemente", empleando en su lugar una retórica inconsistente y a veces irracional, lo que provoca debate sobre la coherencia de su política exterior.

Creemos que, aunque la administración Trump pueda sonar y parecer errática, está ejecutando la política de EE. UU. para mantener el control hegemónico sobre los recursos de ALC. Más allá de los rasgos personales de Trump, a mayo de 2026, es posible identificar patrones más amplios en la política exterior de EE. UU. hacia ALC, particularmente en respuesta a la creciente influencia de China en el hemisferio occidental. Estas políticas pueden extenderse más allá de una administración única y reflejar lo que podría describirse como el "gobierno permanente" o "estado profundo" de EE. UU.

A esto también se ha sumado una ola de "nacionalismo de recursos" que ha afectado a muchos gobiernos de ALC que buscan implementar políticas que podrían cambiar los acuerdos sobre la explotación conjunta de recursos naturales y beneficiar al estado de origen. En este caso, las Empresas Estatales (EE. EE.) chinas que realizan muchas empresas de inversión en ALC para la explotación de recursos naturales podrían enfrentar políticas diferentes que limiten su capacidad para llevar a cabo su propósito, mientras enfrentan obstáculos estructurales y legales que podrían complicar el logro de sus objetivos comerciales.

Por lo tanto, una combinación de una neo-Doctrina Monroe y el nacionalismo de recursos traerá nuevos desafíos para los intereses chinos en ALC. Exploramos ambos temas en este resumen de políticas.

I. Teoría y definiciones: ALC como "esfera de influencia"

Una pregunta central es por qué conceptos como la Doctrina Monroe y las "esferas de influencia" han resurgido con tanta fuerza en el discurso estadounidense. La retórica de Trump se hace eco de las políticas estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando ALC cayó bajo la Doctrina Monroe y sus corolarios.

Sin embargo, el contexto actual difiere significativamente, ya que el sistema internacional se ha vuelto poshegemónico y posunipolar, con el auge de nuevos centros de poder e instituciones alternativas. Los debates contemporáneos enfatizan la multipolaridad, el multilateralismo aumentado entre los países en desarrollo, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y las alternativas al Consenso de Washington. Todas estas son características de la poshegemonía.

En este entorno cambiante, el discurso estadounidense sobre el dominio regional refleja esfuerzos por recuperar influencia frente a los cambios estructurales globales, particularmente la creciente presencia de China en las Américas, lo que lleva a lo que puede describirse como una "neo-Doctrina Monroe". Históricamente, EE. UU. reemplazó a Gran Bretaña como potencia dominante en el hemisferio occidental a finales del siglo XIX y principios del XX, consolidando su influencia a través de mecanismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) e intervenciones repetidas, especialmente en el Caribe. Estas acciones reforzaron el concepto de la región como una esfera de influencia estadounidense, donde a menudo se excluían modelos políticos o económicos alternativos.

El concepto de esferas de influencia plantea preguntas más amplias sobre si tales arreglos constituyen una forma de neocolonialismo y si las relaciones internacionales contemporáneas están volviendo a patrones imperiales vistos en el siglo XIX y comienzos del XX. Jackson (2019) define las esferas de influencia como estructuras jerárquicas que implican control externo sobre los asuntos de un territorio, particularmente sus relaciones con terceros, combinado con la exclusión de otros actores externos para ejercer un control similar.

Históricamente, Estados Unidos reconoció las esferas de influencia después de su Guerra Civil, particularmente en Asia a través de su "Política de Puertas Abiertas" y en el archipiélago de Hawái como propia.

Más recientemente, funcionarios estadounidenses han criticado y negado el concepto. Por ejemplo, durante la administración Obama, las declaraciones rechazaron las esferas de influencia directamente, al tiempo que afirmaron un orden global moldeado por las reglas estadounidenses. Allison (2020) argumenta que las esferas de influencia no desaparecieron, sino que colapsaron en una sola esfera global dominada por Estados Unidos.

Sin embargo, durante la primera presidencia de Trump, funcionarios como John Bolton revivieron explícitamente la Doctrina Monroe, anunciando nuevas sanciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela y señalando una afirmación más abierta del dominio hemisférico, dirigida en parte a contrarrestar a China y Rusia.

Esto plantea una pregunta clave sobre los cambios en el sistema internacional que han permitido a China y Rusia expandir su influencia en lo que ha sido, históricamente, una región dominada por EE. UU. Académicos como John Mearsheimer argumentan que el mundo posterior a 2017 es cada vez más multipolar, impulsado en gran medida por el crecimiento económico de China, su modernización militar y desarrollo tecnológico, junto con Rusia como un "estado revisionista", creando potencialmente un sistema tripolar.

Al mismo tiempo, conflictos recientes, incluyendo guerras proxy como la guerra ruso-ucraniana, así como una guerra contra la República Islámica de Irán, destacan los límites del poder coercitivo estadounidense y el surgimiento de alineamientos geopolíticos alternativos, incluyendo iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta y los BRICS. Estos desarrollos ayudan a explicar la urgencia renovada detrás del discurso estadounidense sobre las esferas de influencia.

Aunque la administración Biden (2021-2025) buscó mantener una forma de hegemonía unipolar, el segundo mandato de Trump ha adoptado un enfoque más confrontacional, incluso hacia los aliados, señalando una posible aceptación de una nueva distribución del poder global a cambio del reconocimiento del dominio estadounidense en las Américas. Propuestas que implican la anexión de Canadá, Groenlandia y Panamá, ilustran este cambio.

Si bien es poco probable que Estados Unidos abandone las estrategias destinadas a mantener su dominio global, hay un énfasis creciente en consolidar la hegemonía regional, particularmente a través de instituciones como la OEA y la diplomacia económica o coercitiva. Martínez Borrás (2025) describe esto como una "neo-Doctrina Monroe", destinada a preservar los intereses geopolíticos de EE. UU. en la región y contrarrestar iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta y los BRICS, particularmente porque no proviene de las viejas potencias europeas (como planteó la Doctrina Monroe en sus orígenes) sino de Asia como el nuevo centro de poder global del sistema-mundo. Dos eventos clave pueden ilustrar esta trayectoria: la publicación de una Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre de 2025 y el ataque directo de EE. UU. a Venezuela el 3 de enero de 2026.

II. La neo-Doctrina Monroe de EE. UU. y la presión militar

Documentos de EE. UU., cambios de política y el "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe

La administración Trump llevó a cabo una política de sanciones y, posteriormente, uso de la fuerza para imponer la neo-Doctrina Monroe en ALC directamente contra Venezuela. Primero, impuso una Orden Ejecutiva (OE) sobre Aranceles para Países que Importan Petróleo Venezolano (24 de marzo de 2025), aparentemente dirigida indirectamente a China (The White House 2025a). Trump exclamó: "El régimen de Maduro representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos... Estos aranceles buscan cortar las líneas de vida financieras del régimen corrupto de Nicolás Maduro".

Esta OE afectó directamente a China como el mayor comprador de petróleo venezolano, que representó el 68% de las exportaciones de petróleo venezolano en 2023 (Shropshire Star 2025). Esto nos lleva a identificar la política exterior de EE. UU. hacia ALC y el marco a partir del cual se desarrollan las políticas.

El documento oficial publicado por el gobierno de EE. UU. el 4 de diciembre de 2025, llamado Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), declara al Hemisferio Occidental como una región de la que serán purgados los competidores no hemisféricos: "Después de años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental... Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio. Este 'Corolario Trump' de la Doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses" (The White House 2025b).

Este documento se puso a prueba rápidamente el 3 de enero de 2026, cuando el gobierno de EE. UU. cometió un acto de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y secuestró al presidente del país, Nicolás Maduro, violando el uso de la fuerza y el principio de no intervención en los asuntos de países soberanos según el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Otra manifestación importante de la NSS de 2025 con respecto a China está en la sección IV, "La Estrategia", específicamente la sección titulada "Equilibrio de Poder", donde se afirma: "Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses. Trabajaremos con aliados y socios para mantener equilibrios de poder globales y regionales para evitar el surgimiento de adversarios dominantes. Así como Estados Unidos rechaza el malhadado concepto de dominio global para sí mismo, debemos evitar el dominio global, y en algunos casos incluso regional, de otros".

Para nuestro análisis, declaraciones como esta son contradictorias: la política exterior de la administración Trump parece interesada en mantener las ambiciones hegemónicas mundiales de EE. UU. mediante la declaración del corolario Trump de la Doctrina Monroe, pero también por su interés en declarar su intención de anexar Groenlandia y Canadá, controlar el comercio y las rutas marítimas (históricamente el aspecto más importante del control occidental, por ejemplo, también utilizado por el imperio británico en el siglo XIX) y controlar la producción de hidrocarburos (petróleo y gas natural) siendo los principales productores, pero también controlando directa o indirectamente (o atacando) países como Venezuela, Nigeria e Irán con total desprecio por el derecho internacional. Esto presentaría entonces un patrón que podría etiquetarse como la estrategia oficial de la administración Trump en relación con los asuntos exteriores y que ahora se describe popularmente como la "Doctrina Donroe".

Más allá de la retórica de la administración Trump, están los documentos oficiales y las declaraciones de miembros del gobierno permanente de EE. UU., particularmente el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), que supervisa la planificación de contingencia, las actividades operativas y la cooperación en seguridad en toda Centro y Sudamérica y el Caribe, excluyendo los territorios estadounidenses, así como sus aguas territoriales circundantes. Su misión también incluye proteger al personal y los activos militares estadounidenses en estas áreas. Además, USSOUTHCOM tiene la tarea de garantizar la defensa del Canal de Panamá y la zona del canal circundante.

En la Conferencia de Defensa Sudamericana 2025 (SOUTHDEC25), celebrada en Buenos Aires, Argentina, el comandante de USSOUTHCOM, Alvin Hosley, declaró que China es una amenaza para los intereses de EE. UU. en ALC al afirmar que China: "continúa su incursión metódica en la región... extrae recursos preciosos y prepara el escenario con infraestructura potencial de doble uso, desde puertos hasta el espacio".

El comandante Hosley también agregó que la presencia e influencia de China en ALC: "tiene consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas vitales de comunicación marítima, como el Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake, sirven como puntos de estrangulamiento estratégicos y pueden ser utilizadas por China para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida" (China Daily 2025).

Estos comentarios son esclarecedores, ahora que vemos la proyección de fuerza de EE. UU. en ALC con bloqueos a Venezuela (que llevaron al ataque en su suelo en enero de 2026), una política de bloqueo marítimo contra la República de Cuba (otro país con excelentes relaciones con la RPCh y asociado a los BRICS) y el actual ataque a la República Islámica de Irán desde el 28 de febrero de 2026, que ha llevado a un bloqueo del Estrecho de Ormuz y una posible interdicción naval de barcos en alta mar.

Caso de estudio: Intervención en Venezuela a principios de 2025

Venezuela, por lo tanto, representa un caso de estudio de la intervención de EE. UU. en ALC que podría acelerar el corte de sus lazos con la RPCh.

Según una nota de investigación del banco de inversión Morgan Stanley, dos importantes empresas estatales chinas (China National Petroleum Corp. y Sinopec) poseen derechos sobre unos 4.4 mil millones de barriles de reservas de petróleo en Venezuela, la mayor participación en manos de cualquier país extranjero. También se estima que China tiene al menos 10 mil millones de dólares en deuda por parte de Venezuela, deuda que el expresidente Nicolás Maduro había estado pagando mediante envíos de petróleo. Un gobierno interino venezolano que cumpla con las demandas de Washington podría cuestionar la legalidad de esos acuerdos de petróleo por préstamos y detener pagos adicionales (Associated Press 2026a).

Entre 2000 y 2023, Venezuela se convirtió en el cuarto mayor receptor de préstamos oficiales chinos, recibiendo un estimado de 106 mil millones de dólares de acreedores respaldados por el estado de Pekín, según AidData del College of William & Mary, aunque no está claro cuánto de esa deuda se ha pagado porque Caracas dejó de divulgar cifras detalladas. Si bien algunas estimaciones sitúan el saldo pendiente en alrededor de 10 mil millones de dólares, el director ejecutivo de AidData, Brad Parks, advierte que podría ser mucho mayor, ya que las sanciones estadounidenses pueden haber ralentizado los pagos bajo acuerdos de préstamo estructurados para ser pagados mediante exportaciones de petróleo.

El repentino secuestro del presidente Nicolás Maduro revivió las ansiedades chinas moldeadas por la agitación de Libia en 2011, cuando la caída de Muammar Gadhafi dejó a las empresas chinas expuestas a miles de millones en inversiones varadas, y los analistas chinos ahora advierten que un gobierno sucesor en Caracas podría considerar ilegítimos los acuerdos de la era Maduro y rechazar la deuda. La exposición de Pekín se extiende más allá del petróleo a las telecomunicaciones, ferrocarriles y puertos, aunque se espera que China absorba pérdidas potenciales dado el papel marginal de Venezuela en su combinación energética y la diversificación más amplia de China hacia la electrificación y otros proveedores de hidrocarburos. Aun así, la reunión de último minuto de Maduro con un alto diplomático chino subrayó la profundidad de los lazos forjados desde Hugo Chávez, convirtiendo a Venezuela en el único socio de ALC de China con una relación estratégica de primer nivel, una posición que la administración Trump busca abiertamente disminuir como parte de su estrategia para frenar la influencia china en el hemisferio occidental (Associated Press 2026).

La escalada militar estadounidense se había estado reuniendo alrededor del Mar Caribe en un bloqueo ilegal de la nación sudamericana: para noviembre de 2025, la Armada de EE. UU. desplegó dos buques de combate de superficie armados con Tomahawk (el destructor clase Arleigh Burke USS Stockdale y el crucero lanzamisiles clase Ticonderoga USS Gettysburg) en aguas a menos de 50 kilómetros de la costa de Venezuela. Los datos de seguimiento de barcos de fuente abierta mostraron a ambos buques operando dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, aunque fuera de sus aguas territoriales, coincidiendo con el lanzamiento por parte de Washington de la Operación Lanza del Sur (Global Defense News 2025).

Si bien se enmarcó oficialmente como una misión de seguridad marítima y lucha contra el narcotráfico, la proximidad de estos buques de guerra colocó a Caracas y sitios militares y de infraestructura clave de Venezuela dentro del alcance efectivo de misiles de crucero de ataque terrestre, dando al despliegue una importancia estratégica y geopolítica inmediata. El emparejamiento de un crucero y un destructor equipados con Aegis crea un grupo de ataque compacto, pero altamente capaz de realizar vigilancia, proporcionar defensa aérea y de misiles en capas y pasar rápidamente a ataques de precisión. Desde una perspectiva más amplia, el despliegue enviaba una fuerte señal disuasoria a Venezuela y sus socios externos, subrayando la capacidad de Washington para proyectar poder basado en el mar en el Caribe mientras se mantiene dentro de los límites legales internacionales. Según Army Recognition (2025a), esta postura mantiene la escalada bajo control político al tiempo que altera el equilibrio estratégico a lo largo de la costa norte de Venezuela y aumenta la presión sobre Caracas durante un período de mayor tensión regional.

Las disputas entre Venezuela y EE. UU. sobre la nacionalización de la industria petrolera del país, particularmente los reclamos de empresas energéticas estadounidenses como ExxonMobil, que han pasado años buscando compensación a través de arbitrajes y tribunales estadounidenses después de perder activos bajo la campaña de nacionalización de Hugo Chávez (durante la década de 2000), aún la mayoría de los laudos siguen sin pagarse; en 2014, un arbitraje internacional ordenó a Venezuela pagar a ExxonMobil 1.6 mil millones de dólares (Newsweek 2025).

Cualquier esfuerzo de Washington por reafirmar influencia sobre las exportaciones o ingresos petroleros venezolanos reviviría estos reclamos como un problema político práctico y no solo legal.

Redirigir los ingresos del petróleo o reestructurar los flujos de exportación podría proporcionar un mecanismo para resolver los reclamos corporativos estadounidenses, vinculando efectivamente la reintegración económica de Venezuela a la restitución por expropiaciones pasadas y reforzando la idea de que el acceso a los mercados globales depende de resolver estas disputas heredadas.

EE. UU. continuó utilizando gobiernos proxy y dependencias coloniales territoriales en la región para posicionarse para el próximo ataque a Venezuela, principalmente como una muestra de fuerza e intimidación, aunque el ataque final se limitaría al secuestro del presidente venezolano y no a tropas terrestres, que habrían sido necesarias para una operación de "cambio de régimen". Más bien, después del secuestro de Maduro, la administración Trump buscó una política de extorsión y amenaza al gobierno interino constitucionalmente legítimo de Venezuela.

República Dominicana y Puerto Rico funcionan como extensiones críticas de primera línea de las operaciones militares estadounidenses en ALC, anclando la postura expandida de Washington alrededor de Venezuela. Puerto Rico, particularmente la reactivada Estación Naval de Roosevelt Roads, ha emergido como un centro de ataque y vigilancia de alta gama que alberga una gran concentración de cazas F-35, aeronaves de guerra electrónica y plataformas de inteligencia, permitiendo a las fuerzas estadounidenses proyectar poder en lo profundo del norte de Sudamérica mientras permanecen en territorio estadounidense. Mientras tanto, República Dominicana juega un papel complementario como nodo logístico y de concentración: el despliegue del Escuadrón de Respuesta a Contingencias 921 de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo permite la conversión rápida de infraestructura civil en una base militar operativa capaz de sostener misiones de transporte aéreo, comando y control y reabastecimiento. Juntos, estas dos ubicaciones crean una columna vertebral operativa conectada que vincula a las fuerzas del territorio continental de EE. UU. con activos navales y aéreos en el Caribe, convirtiendo efectivamente a Puerto Rico y República Dominicana en plataformas de lanzamiento para vigilancia sostenida, aplicación de bloqueos y posibles operaciones de ataque en toda la región (Army Recognition 2025b).

Después del ataque y secuestro del presidente de Venezuela en enero de 2026 en la Operación Resolución Absoluta, EE. UU. continuó su bloqueo e interdicciones de piratería en el mar de los buques petroleros venezolanos como parte de un plan general para controlar la producción mundial de petróleo y reducir los envíos de crudo a la RPCh.

Tras el ataque, EE. UU. incautó múltiples buques petroleros sancionados en el Caribe y el Atlántico Norte, como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para afirmar el control sobre las exportaciones de petróleo venezolano. Funcionarios estadounidenses afirman que las incautaciones tienen como objetivo hacer cumplir las sanciones y prevenir lo que describen como envíos de petróleo ilícitos realizados por una "flota fantasma" vinculada a Venezuela y sus socios. Washington ha dejado claro que solo se permitirán las ventas de petróleo aprobadas y supervisadas por Estados Unidos, dándole influencia sobre cómo y dónde llega el crudo venezolano a los mercados globales. La administración entonces anunció planes para aliviar selectivamente las sanciones para que el petróleo venezolano pueda venderse bajo supervisión estadounidense, con los ingresos depositados en cuentas controladas por EE. UU. (Associated Press 2026b).

Ventajas militares de EE. UU.: Capacidades de vigilancia de SOUTHCOM

EE. UU. está expandiendo y remilitarizando diferentes áreas de ALC. Aquí ampliamos algunas de las operaciones actuales y el apoyo de inteligencia que ha ido evolucionando entre USSOUTHCOM y los gobiernos proxy de ALC.

Particularmente, EE. UU. ha lanzado operaciones ampliadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR por sus siglas en inglés) y movilidad aérea en coordinación con las fuerzas armadas de Ecuador para combatir a los cárteles de la droga ahora designados por Washington como organizaciones terroristas. La campaña se centra en interrumpir las redes de tráfico, asegurar puertos y corredores de transporte, y apoyar a las fuerzas ecuatorianas con capacidades estadounidenses avanzadas, como vigilancia aérea persistente, fusión de inteligencia segura y movilidad de aviación rápida, en lugar de desplegar un gran número de tropas terrestres estadounidenses.

Según Army Recognition (2026), estas operaciones son parte de una escalada regional más amplia bajo la Operación Lanza del Sur, integrando activos como drones MQ-9 Reaper, helicópteros y apoyo logístico preparado desde ubicaciones estratégicas como la base costera de Manta, Ecuador. El papel de EE. UU. enfatiza habilitar acciones lideradas por Ecuador (proporcionar inteligencia en tiempo real, apoyo para la selección de objetivos y capacidad de inserción rápida) para aplicar presión sostenida sobre la logística y el liderazgo de los cárteles, manteniendo al mismo tiempo una huella estadounidense limitada y políticamente sensible en el país.

Este despliegue debe verse dentro de una tendencia regional más amplia de una política estadounidense cada vez más intervencionista en ALC, junto con acciones en Venezuela y operaciones marítimas en el Caribe. La medida se produce cuando Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad marcada por el aumento de la violencia de los cárteles, tasas de homicidio récord y una creciente importancia como centro de tránsito para el narcotráfico internacional, lo que provoca un mayor compromiso de EE. UU. para estabilizar la situación y reforzar la seguridad regional (Defense and Security Monitor 2026).

La participación de SOUTHCOM en proporcionar vigilancia, coordinación y apoyo operativo a las fuerzas ecuatorianas es parte de un patrón más amplio de creciente compromiso militar estadounidense en toda la región, en lugar de una cooperación aislada.

En una declaración ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes por el General Francis Donovan, jefe de USSOUTHCOM, afirmó que la creciente presencia económica y política de China en América Latina representa un desafío estratégico para Estados Unidos. Enfatizó que Pekín está expandiendo su influencia a través de inversiones en infraestructura, financiamiento y asociaciones, particularmente en sectores críticos como puertos, telecomunicaciones y energía, lo que le permite ganar influencia a largo plazo en la región.

Donovan acusó a China de explotar el compromiso económico en ALC para ganar influencia estratégica y geopolítica en lugar de actuar como un socio puramente comercial. En su declaración, argumentó que Pekín está utilizando herramientas como préstamos, proyectos de infraestructura e inversiones en sectores críticos (como puertos, telecomunicaciones y energía) para asegurar una influencia a largo plazo sobre los gobiernos y moldear la toma de decisiones regional en su favor.

También sugirió que las actividades de China tienen implicaciones de doble uso, lo que significa que lo que parece ser una cooperación civil o económica podría apoyar objetivos estratégicos más amplios, incluyendo expandir la presencia política de China y el posible acceso militar en el hemisferio occidental. En esta visión, Donovan enmarcó la creciente huella de China como un desafío a los intereses de EE. UU. y la estabilidad regional, advirtiendo que podría erosionar la influencia estadounidense si no se controla.

Los comentarios de Donovan se presentan como una advertencia de que Estados Unidos corre el riesgo de perder terreno estratégico en su propio hemisferio a menos que aumente el compromiso con los socios regionales. Según el artículo, su testimonio destaca la preocupación de SOUTHCOM de que el enfoque de China, aunque económico en su forma, tiene claras implicaciones geopolíticas, lo que genera llamados a una cooperación de seguridad más fuerte de EE. UU. y un papel más proactivo para contrarrestar la influencia de Pekín en ALC.

Las actividades de SOUTHCOM no son puramente impulsadas por la seguridad, sino que están vinculadas a una estrategia más amplia de EE. UU. para reafirmar la influencia en el hemisferio occidental y contrarrestar a potencias rivales como China. La creciente huella del comando refleja una postura cada vez más intervencionista, lo que genera preocupaciones sobre la soberanía y la estabilidad regional al tiempo que refuerza el dominio geopolítico estadounidense (Global Times 2026).

Política actual de EE. UU. sobre operaciones regionales y bases militares

La remilitarización y la neo-Doctrina Monroe han provocado divisiones y debates en la región sobre la soberanía y el desarrollo necesarios para las naciones de ALC. Las operaciones militares estadounidenses pueden ser cuestionadas bajo el derecho internacional y, por lo tanto, son controvertidas en cuanto a la cooperación y las intenciones sobre la posibilidad de reabrir bases militares estadounidenses en la región.

Por ejemplo, antes del ataque en el que el presidente de Venezuela, Maduro, fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, el ex director general de Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Dr. Ramesh Lutchmedial, instó al público a mantener la calma en medio de rumores de que aeronaves o drones militares estadounidenses estaban operando dentro del espacio aéreo del país. Enfatizó que no hay evidencia creíble que respalde las afirmaciones de vuelos militares estadounidenses no autorizados y explicó que cualquier entrada de este tipo sin permiso violaría el derecho internacional, ya que los países tienen plena soberanía sobre su espacio aéreo bajo el Convenio de Chicago. Lutchmedial también advirtió que gran parte de la especulación proviene de interpretaciones poco fiables de los datos de seguimiento de vuelos, que no pueden identificar definitivamente aeronaves militares ni confirmar sus misiones. Advirtió contra la difusión de información no verificada en las redes sociales, señalando que puede crear miedo y confusión innecesarios, y enfatizó que cualquier actividad militar extranjera legítima requeriría la aprobación oficial a través de canales diplomáticos (CNC3 2025).

Después del incidente del secuestro, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, negó rotundamente cualquier participación en los ataques militares estadounidenses contra Venezuela, aclarando que el país no participó en la operación que, según se informa, llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro. Enfatizó que Trinidad y Tobago mantiene relaciones pacíficas con Venezuela y no es parte de ninguna actividad militar en curso, una posición también reiterada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de CARICOM. También sitúa su declaración dentro del contexto regional más amplio de mayores tensiones, señalando que los ataques estadounidenses marcaron una gran escalada y provocaron preocupación en todo el Caribe. Los líderes de CARICOM se reunieron para monitorear la situación, destacando las posibles implicaciones para los estados vecinos, mientras que las autoridades locales aseguraron que las operaciones normales, como los vuelos, no se vieron interrumpidas a pesar de la crisis en desarrollo (Trinidad & Tobago Guardian 2026).

También se pueden ver divisiones sobre el papel de Ecuador en el apoyo a los intereses de EE. UU. en ALC. Los votantes ecuatorianos rechazaron una propuesta para reabrir la base aérea de Manta para uso militar permanente extranjero (estadounidense), reflejando una fuerte resistencia pública a albergar bases extranjeras. Específicamente, una votación de noviembre de 2025 bloqueó el intento del presidente Daniel Noboa de levantar la prohibición de instalaciones militares extranjeras, incluso cuando las preocupaciones de seguridad en el país se intensificaron.

Como resultado, el despliegue actual de EE. UU. en Manta se describe como temporal y limitado, llevado a cabo bajo cooperación con las fuerzas armadas de Ecuador en lugar de como un acuerdo de base permanente. Esto destaca una restricción política: mientras Ecuador busca asistencia estadounidense para combatir a los cárteles de la droga, debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la oposición pública a reabrir la base a largo plazo.

También sitúa el despliegue dentro de una estrategia más amplia de EE. UU. en ALC, señalando que Washington ha intensificado las acciones militares y de seguridad en toda la región, particularmente en respuesta al tráfico de drogas y las tensiones con Venezuela. Estos esfuerzos incluyen operaciones navales y aéreas dirigidas a embarcaciones sospechosas de contrabando y medidas como un bloqueo a los envíos de petróleo venezolano, destacando una campaña cada vez más agresiva y coordinada para afirmar el control sobre la seguridad regional y los flujos económicos (BSS News 2025).

III. Nacionalismo de recursos – Mecanismos y evidencia

Un análisis detallado del nacionalismo de recursos es esencial porque constituye un factor de riesgo interno que los inversores chinos no pueden controlar ni mitigar fácilmente solo con diplomacia. Mientras que la neo-Doctrina Monroe de EE. UU. representa una amenaza externa —a través de presión militar, vigilancia y tácticas coercitivas— el nacionalismo de recursos se origina dentro de los países anfitriones, moldeado por las dinámicas políticas internas, los ciclos electorales y el impulso de los estados sudamericanos para capturar una mayor parte de la riqueza de los recursos. Para los proyectos chinos, esta presión interna puede ser más desestabilizadora que la competencia externa: los gobiernos que enfrentan presiones electorales pueden nacionalizar un proyecto de litio financiado por China o imponer propiedad local obligatoria, no por hostilidad hacia China, sino porque tales medidas son políticamente populares y redistribuyen las ganancias económicas.

A diferencia de la naturaleza episódica y más predecible de la acción militar estadounidense, el nacionalismo de recursos es persistente, oportunista y está estrechamente vinculado a la incertidumbre política. Las inversiones chinas están particularmente expuestas debido a protección comparativamente más débil basada en tratados comerciales, la inflexibilidad de los acuerdos de petróleo por préstamos y la renuencia de las empresas estatales chinas a buscar arbitraje a través de tribunales internacionales. Como resultado, analizar los mecanismos, las expresiones específicas por país y las vulnerabilidades estructurales asociadas con el nacionalismo de recursos no es marginal, sino central para evaluar la durabilidad y viabilidad a largo plazo de la estrategia de China en ALC en medio de una creciente competencia geopolítica.

Definición de tres tipos de riesgo para la inversión china

Esta tabla describe las tres formas principales en que el nacionalismo de recursos se manifiesta en ALC, cada una de las cuales presenta riesgos directos para los proyectos financiados por China. Para cada categoría, también explica los mecanismos específicos a través de los cuales los gobiernos anfitriones implementan estas políticas, mostrando cómo se aplican dichas medidas en la práctica.

Tipo de Riesgo	Mecanismo y Descripción
Nacionalización /Participación Forzosa	Expropiación directa de activos, transferencia de participaciones a entidades estatales o renegociaciones contractuales unilaterales que reducen la propiedad extranjera o la rentabilidad.
Mejora Industrial Local Obligatoria	Políticas que obligan a las empresas extranjeras a establecer instalaciones de procesamiento local en lugar de exportar minerales en bruto; busca capturar el valor añadido.
Incertidumbre del Ciclo Político	Vulnerabilidad a la volatilidad electoral donde los términos regulatorios cambian de manera impredecible con nuevas administraciones.

Evidencia específica por país

- Litio: Bolivia, Chile, Argentina

El "Triángulo del Litio", rico en litio y que abarca Chile, Bolivia y Argentina, posee aproximadamente el 53% de los recursos mundiales de litio, lo que lo hace vital para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos y baterías de China (Johnson, et. al. 2024). Sin embargo, cada país ha adoptado formas distintas de nacionalismo de recursos que moldean y, en muchos casos, restringen la inversión china.

• Chile representa un caso claro de reestructuración impulsada por el estado a través de asociaciones forzadas. En mayo de 2024, el presidente Gabriel Boric introdujo una Estrategia Nacional del Litio que limita la participación privada en salares clave como Atacama y Maricunga a participaciones minoritarias, al tiempo que asegura el dominio estatal a través de Codelco (Johnson, et. al. 2024). Un desarrollo crucial ocurrió el 31 de mayo de 2024, cuando SQM entró en una asociación con Codelco que efectivamente diluyó la posición de Tianqi Lithium, que posee una participación del 22.16% adquirida en 2018 por 4.1 mil millones de dólares. El acuerdo fusiona subsidiarias clave en una entidad controlada por el estado en la que Chile retiene el control mayoritario. En lugar de buscar arbitraje internacional, Tianqi ha optado por impugnar el acuerdo a través del marco regulatorio doméstico de Chile, reflejando una renuencia más amplia entre las empresas chinas a litigar en el extranjero (TipRanks 2026).

• Bolivia, a pesar de poseer las reservas de litio más grandes del mundo (estimadas en 23 millones de toneladas métricas), ha tenido dificultades para convertir el potencial en producción debido a debilidades institucionales, inestabilidad política y resistencia social (Newbase 2025). A finales de 2024, Bolivia firmó contratos por aproximadamente 2 mil millones de dólares con un consorcio chino (CBC, vinculado a CATL) y el Grupo Uranium One de Rusia. Sin embargo, para enero de 2025, organizaciones de la sociedad civil exigieron transparencia y consulta, citando protecciones constitucionales y riesgos ambientales (ANF 2025). En mayo de 2025, un tribunal de Potosí suspendió ambos contratos tras acciones legales de comunidades indígenas, que argumentaron que se habían violado sus derechos ambientales y territoriales. Críticos, incluida la Fundación Milenio, han destacado cláusulas contractuales que obligan a la estatal YLB a absorber el riesgo financiero total si los proyectos no se materializan. Con elecciones previstas para agosto de 2025 y una nueva administración centrista asumiendo el cargo en enero de 2026, los contratos de litio se han vuelto políticamente disputados, sujetos tanto a presión de renegociación como a una oposición comunitaria sostenida (Newbase 2025).

• Argentina presenta un panorama marcadamente diferente, moldeado por una gobernanza descentralizada en lugar de un control centralizado. La constitución del país otorga a las provincias la propiedad de los recursos naturales, creando un entorno regulatorio fragmentado en el que las políticas varían según las jurisdicciones (Bosque 2021). En lugar de una nacionalización absoluta, el nacionalismo de recursos se manifiesta a través de controles de capital, reglas de contenido local y demandas cambiantes de impuestos o regalías provinciales. Los esfuerzos del gobierno nacional por establecer una entidad respaldada por el estado, YPF Litio, encontraron resistencia de las autoridades provinciales y actores de la industria, que señalaron la madurez y los altos costos de los proyectos restantes. Para los inversores chinos, el riesgo principal reside en esta fragmentación institucional: navegar por regulaciones provinciales inconsistentes, ajustes fiscales abruptos y la superposición de autoridad entre los gobiernos nacional y subnacionales (Burkova, U.S. y Krechetov, A.V. 2025).

- Cobre: Perú, Chile

El cobre sigue siendo un recurso crítico para las industrias de construcción, electrónica y energías renovables de China, siendo Perú y Chile los productores segundos y primero más grandes del mundo, respectivamente.

• Perú presenta actualmente uno de los casos más agudos de riesgo de nacionalismo de recursos en el sector del cobre. El entorno político del país se ha deteriorado marcadamente y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de 2026 ha intensificado estos riesgos, ya que el candidato de izquierda Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, hace campaña con una plataforma que propone revisar la tributación minera, eliminar gradualmente la minería a cielo abierto, reescribir la constitución e imponer impuestos extraordinarios a las empresas mineras. Al entrar en una segunda vuelta el 7 de junio contra la conservadora Keiko Fujimori (con un estrecho margen de aproximadamente 17,000 votos), Sánchez ha enfatizado que su agenda no es de expropiación sino de redistribución, declarando: "No queremos expropiar ni un solo dólar ni un centímetro de tierra a nadie, queremos ampliar los beneficios. El Perú neocolonial se acabó" (Mexico Business News 2026). Fujimori, hija del expresidente convicto Alberto Fujimori, se alinearía más estrechamente con Washington si resulta elegida, siguiendo a otras fuerzas de derecha en la región. El entorno regulatorio en Perú ya se ha vuelto cada vez más hostil. En marzo de 2026, el Consejo Minero del país revocó el permiso de operación para el proyecto Tía María de Southern Copper Corporation, una inversión de 1.8 mil millones de dólares de Grupo México que se esperaba produjera alrededor de 120,000 toneladas de cobre al año. El consejo anuló una autorización previa emitida en octubre de 2025, citando insuficiente justificación legal y documentación inadecuada relacionada con la infraestructura de gestión de residuos. En términos más generales, se estima que 7 mil millones de dólares en proyectos de cobre permanecen estancados en todo el país, mientras que corredores clave de transporte minero han sido bloqueados repetidamente por mineros informales que protestan por su exclusión de los programas de formalización. Para proyectos operados por chinos, como Las Bambas de MMG (una de las minas más grandes del país), estas interrupciones afectan directamente la producción y la confiabilidad de la cadena de suministro, subrayando los crecientes riesgos operativos vinculados al volátil entorno regulatorio y social de Perú (Mexico Business News 2026).

• Chile enfrenta riesgos principalmente estructurales más que políticos en su sector del cobre. En contraste con la volatilidad electoral de Perú, la forma de nacionalismo de recursos de Chile se expresa a través de aumentos sostenidos de impuestos y regalías, así como del precedente establecido por la asociación de litio SQM-Codelco, que eventualmente podría extenderse a las operaciones de cobre. Además, el potencial de que Chile se coordine con Argentina y Bolivia en un acuerdo al estilo de una "OPEP del Litio" marcaría un cambio hacia la coordinación del lado de la oferta (centrándose en gestionar los niveles de producción y precios en lugar de la expropiación directa), moldeando así directamente el acceso chino tanto a los recursos de litio como de cobre (Johnson, et. al. 2024). Una reciente victoria del derechista José Antonio Kast lo situaría en la misma categoría que otros gobiernos inclinados hacia EE. UU. en la región.

- Petróleo: Venezuela, Ecuador, Guyana

El petróleo sigue siendo el ámbito más consolidado para el nacionalismo de recursos en Sudamérica, con Venezuela representando el ejemplo más extremo, Ecuador ilustrando el uso de estrategias de renegociación de contratos y Guyana emergiendo como una nueva y cambiante frontera de riesgo.

• Venezuela representa un ejemplo clásico de nacionalismo de recursos impulsado por la nacionalización y el control estatal forzoso. Bajo Hugo Chávez —y continuando bajo Nicolás Maduro— la empresa estatal petrolera PDVSA se transformó en un instrumento político más que en una empresa con enfoque comercial, lo que contribuyó a una fuerte caída de la producción. Para China, la exposición es significativa: entre 2000 y 2023, Venezuela recibió un estimado de 106 mil millones de dólares en préstamos de acreedores respaldados por el estado chino, convirtiéndose en uno de los mayores receptores del financiamiento externo de Pekín. Al mismo tiempo, importantes empresas estatales chinas, incluyendo China National Petroleum Corp. y Sinopec, tienen derechos sobre aproximadamente 4.4 mil millones de barriles de reservas petroleras venezolanas —la mayor asignación otorgada a cualquier país extranjero. El modelo venezolano de petróleo por préstamos ha creado un riesgo de pago particularmente agudo para China. Si bien algunas estimaciones sitúan la deuda restante en alrededor de 10 mil millones de dólares, Brad Parks de AidData sugiere que el total podría ser significativamente mayor debido a la interrupción de los flujos de pago bajo las sanciones estadounidenses y la suspensión por parte del gobierno venezolano de la presentación de informes transparentes sobre la deuda en los últimos años. La remoción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de 2026 complica aún más esta situación, ya que cualquier gobierno de transición alineado con Washington podría cuestionar la legalidad de estos acuerdos respaldados por petróleo y detener los pagos por completo. Este escenario refleja el colapso de 2011 del régimen de Gaddafi en Libia, cuando las empresas chinas quedaron con miles de millones en inversiones varadas tras una transición política repentina (AP 2026a).

• Ecuador ilustra una forma distinta de nacionalismo de recursos centrada en la reestructuración de contratos más que en la expropiación directa. Entre 2010 y 2011, la administración del presidente Rafael Correa obligó a las empresas petroleras extranjeras a reemplazar los acuerdos de participación en la producción por contratos de servicio, bajo los cuales el estado retenía la propiedad total de los ingresos petroleros mientras pagaba a las empresas una tarifa fija por barril por sus operaciones. Este cambio llevó a siete de dieciséis empresas extranjeras —incluyendo Petrobras, CNPC y la estadounidense EDC— a salir del país. Las que permanecieron, como las empresas chinas Andes y Petroriental, aceptaron una compensación reducida en forma de tarifas de servicio planas que oscilaban entre 24 y 41 dólares por barril, significativamente por debajo de los precios de mercado vigentes en ese momento. Este enfoque representa una forma más matizada de nacionalismo de recursos: en lugar de incautar activos directamente, el gobierno reestructuró los términos contractuales para capturar la mayor parte de las rentas de los recursos mientras transfería los riesgos operativos y financieros a los operadores extranjeros.

• Guyana representa una frontera emergente del nacionalismo de recursos, donde los inversores chinos enfrentan una creciente incertidumbre política y contractual. La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) posee una participación del 25% en el Bloque Stabroek (The Globe and Mail 2025), junto con el 45% de operador de ExxonMobil, en un proyecto que se estima contiene más de 11 mil millones de barriles de petróleo recuperable y se espera que supere los 1.2 millones de barriles por día de producción para 2027 (Global Post 2026). Sin embargo, el acuerdo de participación en la producción de 2016 que sustenta este desarrollo ha sido fuertemente criticado por sus términos favorables a los inversores, permitiendo al consorcio recuperar hasta el 75% de los ingresos antes del reparto de utilidades y dejando a Guyana una regalía comparativamente baja del 2% (Global Oil & Gas Exit List 2026). Este desequilibrio percibido ha alimentado la presión política interna, particularmente durante el ciclo electoral de 2025, cuando el líder de la oposición, Aubrey Norton, prometió renegociar el contrato para asegurar mayores beneficios nacionales —introduciendo un riesgo político directo para la participación de CNOOC, agravado por el apoyo histórico de su partido a las políticas de nacionalización. A pesar de estas presiones, el acuerdo incluye una cláusula de estabilidad que limita la renegociación unilateral y exige arbitraje si las acciones gubernamentales imponen cargas económicas adicionales a los inversores, proporcionando cierta protección legal (Department of Public Information 2025). Al mismo tiempo, Guyana ha ampliado su Ley de Contenido Local, exigiendo a operadores como CNOOC Petroleum Guyana Limited que presenten planes de cumplimiento anuales y aumenten significativamente la participación de la fuerza laboral local, que había alcanzado alrededor del 70% para 2024. Para CNOOC, cuya participación en el Bloque Stabroek representa su mayor inversión upstream en el extranjero, estas dinámicas políticas, legales y regulatorias en evolución determinarán si su posición sigue siendo altamente rentable o se vuelve sujeta a renegociación, requisitos de participación local más estrictos y menores retornos a largo plazo (IEA 2025).

Conclusión: Por qué los proyectos chinos son especialmente vulnerables

Las inversiones chinas en ALC enfrentan tres vulnerabilidades estructurales que, en conjunto, crean un perfil de riesgo cualitativamente diferente —y más peligroso— que el que enfrentan los competidores occidentales. Estas vulnerabilidades (protecciones débiles en los tratados de inversión, estructuras de financiamiento rígidas de petróleo por préstamos y la renuencia de las empresas estatales a litigar) colocan a los proyectos chinos en una desventaja sistemática en las disputas legales y comerciales con los estados anfitriones.

En el primer caso, la falta de un arbitraje de inversión robusto, el marco legal para proteger la inversión china es más débil que el de la inversión europea o estadounidense. Un ejemplo es el Tratado de Inversión Perú-China de 1994, que sirve como caso de estudio. En su artículo 8(3), los inversores pueden presentar un caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y establece: "Si una disputa relacionada con el monto de la indemnización por expropiación no puede resolverse dentro de los seis meses posteriores al recurso a las negociaciones... puede someterse, a solicitud de cualquiera de las partes, al arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)" (Tratado de Inversión Perú-China 1994). Esto limita el arbitraje al monto de la indemnización y no a la legalidad de la expropiación en sí misma. La RPC tendrá que fortalecer, en este caso, sus disputas inversor-receptor en relación con el nacionalismo de recursos en las Américas.

En el segundo caso, las estructuras de préstamo a largo plazo (petróleo por préstamos), el distintivo modelo de financiamiento chino de petróleo por préstamos introduce una vulnerabilidad estructural adicional. Bajo este marco, los bancos estatales chinos proporcionan préstamos a gran escala a países ricos en recursos, con el pago vinculado a futuros envíos de petróleo basados en precios o volúmenes acordados previamente, en lugar de las condiciones imperantes en el mercado.

El caso más extremo es Venezuela y el ejemplo mencionado anteriormente destaca tales supuestos. Durante los años 2003 a 2023, China había otorgado un estimado de 106 mil millones de dólares en préstamos a Venezuela, convirtiéndolo en el cuarto mayor receptor de crédito externo chino. Dos de las empresas estatales de la RPCh, SINOPEC y China National Petroleum Corporation (CNPC), tienen derecho a unos 4.4 mil millones de barriles de petróleo de Venezuela, la mayor asignación otorgada a cualquier país extranjero. Una debilidad central de estos acuerdos de préstamo, descrita por el director ejecutivo de AidData, Brad Parks, como un "defecto fatal", es que el pago está vinculado a cantidades fijas de petróleo acordadas al principio —volúmenes que los gobiernos anfitriones pueden interrumpir fácilmente mediante nacionalización, mayores regalías o renegociación de contratos (Associated Press 2026a). Considerando el ataque estadounidense en Venezuela y otros tipos de intervenciones descritas anteriormente, esta seguiría siendo otra área de vulnerabilidad para las empresas chinas y su estatus como acreedoras.

Y finalmente, en cuanto a la renuencia de las empresas estatales a litigar, la investigación académica ofrece una visión importante sobre cómo se comportan las empresas estatales chinas en disputas internacionales de inversión. El profesor Ming Du de la Facultad de Derecho de Durham señala que las empresas estatales chinas juegan un papel significativo no solo en la economía doméstica de China, sino también en el avance de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y han dependido cada vez más de los mecanismos de solución de disputas entre inversor y estado (ISDS) para salvaguardar sus inversiones en el extranjero. Al mismo tiempo, sus estrechos vínculos con el gobierno chino han planteado preguntas recurrentes sobre si se les debe conceder acceso pleno a dichos marcos de arbitraje. Du argumenta que negar la legitimación de las empresas estatales chinas en el arbitraje es contraproducente, ya que ni resuelve las preocupaciones subyacentes ni apoya la integridad del derecho internacional de inversiones; en cambio, excluirlas corre el riesgo de socavar el estado de derecho al aplicar estándares inconsistentes entre los inversores. Esta perspectiva subraya un desafío clave para las empresas chinas: a menudo enfrentan un mayor escrutinio sobre su legitimidad en los procedimientos de arbitraje, un obstáculo que las corporaciones multinacionales occidentales raramente encuentran (Ming Du 2022).

La interacción de estas tres vulnerabilidades produce un entorno de riesgo estructuralmente asimétrico. Los gobiernos anfitriones son conscientes de que los inversores chinos enfrentan mayores barreras para acceder al arbitraje, se benefician de protecciones treaty más débiles y a menudo están institucionalmente desinclinados a emprender litigios. Esta dinámica incentiva un patrón de "expropiación indirecta" (hold up), en el que los gobiernos escalan progresivamente sus demandas, anticipando que las empresas chinas aceptarán renegociaciones repetidas en lugar de recurrir a mecanismos internacionales de disputa. En contraste, las empresas estadounidenses y europeas pueden confiar en disposiciones sólidas de ISDS, estándares de trato justo y equitativo (FET) y un amplio cuerpo de precedentes de arbitraje para defender sus intereses. Los proyectos chinos, en comparación, operan en una desventaja sistemática en las disputas legales.

Abordar estos desequilibrios requerirá algo más que mejoras incrementales en los tratados; será necesaria una reevaluación más amplia de los modelos de financiamiento de China y su enfoque tradicionalmente cauteloso hacia la resolución de disputas en ALC. En conjunción con la neo-Doctrina Monroe de EE. UU., el nacionalismo de recursos continuará haciendo que la RPCh realice los ajustes necesarios y reevalúe su estrategia en sus empresas comerciales y de inversión en ALC.

ChinaPolicyBriefChicagoEspanol.pdf

Descargar PDF • 5KB