Perú ante un nuevo gobierno de Keiko Fujimori
Profesora Socorro Montes M.A.
Egresada de la MA en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe
ICEPI
Introducción
La llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú el 28 de julio de 2026 abre una etapa de gobierno electo después de una sucesión de crisis y administraciones breves. Su investidura, documentada por Reuters y por la Presidencia peruana, permite analizar el retorno del fujimorismo al Ejecutivo como un hecho y no como una posibilidad electoral (Reuters, 2026a; Presidencia de la República del Perú, 2026a). Sin embargo, un balance profesional debe reconocer el alcance temporal de la evidencia: apenas han transcurrido dos meses de gestión. Las decisiones iniciales permiten identificar prioridades, pero todavía no prueban que los problemas nacionales hayan sido resueltos.
La tesis de este ensayo es que la principal dificultad del nuevo gobierno consiste en convertir su promesa de orden y reactivación en capacidad estatal legítima. Esa tarea exige proteger a la población frente al crimen, ampliar las oportunidades económicas y recuperar la confianza sin debilitar los controles democráticos. Una presidencia estable puede facilitar esas reformas; también puede consolidar prácticas de impunidad si confunde la gobernabilidad con la subordinación de los organismos de fiscalización.
La comparación requiere precisar qué se entiende por gobierno anterior. El predecesor inmediato fue José María Balcázar, presidente de transición desde febrero hasta julio de 2026. Su gestión estuvo precedida por José Jerí y, antes, por Dina Boluarte. Por ello, el análisis distingue la transición inmediata de la herencia más extensa del ciclo presidencial iniciado en 2021. Se utilizan fuentes oficiales para nombramientos, legislación y estadísticas; organismos internacionales para diagnósticos económicos y derechos humanos; y prensa reconocida para acontecimientos recientes. Los juicios sobre riesgos y alternativas constituyen interpretación analítica, no resultados atribuidos anticipadamente a Fujimori.
La crisis política que precede al nuevo gobierno
La fragilidad presidencial peruana no puede explicarse únicamente por la personalidad de sus gobernantes. La rápida rotación del Ejecutivo revela un sistema en el que la representación partidaria, la cooperación entre poderes y la continuidad administrativa tienen dificultades para sostenerse. La elección parlamentaria de Balcázar, después de la salida de Jerí, fue descrita por Reuters como otro episodio de ruptura entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado (Reuters, 2026c). Un presidente puede asumir constitucionalmente y, aun así, carecer de una coalición duradera para ejecutar políticas.
Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y asumir control del sistema judicial en diciembre de 2022; fue destituido y la vicepresidenta Dina Boluarte lo sucedió. Human Rights Watch sitúa ese episodio y las posteriores protestas entre los antecedentes fundamentales del deterioro político reciente (Human Rights Watch, s. f.). La ruptura produjo una disputa sobre representación, legitimidad y justicia que continuó después de la sucesión presidencial. La oposición entre sectores de Lima y poblaciones de otras regiones adquirió una dimensión que excedía el conflicto entre dirigentes.
Boluarte salió del poder en octubre de 2025. Jerí, quien la sustituyó desde la presidencia del Congreso, fue removido en febrero de 2026 después de controversias por reuniones no divulgadas con un empresario chino. Posteriormente, el Congreso eligió a Balcázar para conducir la transición (Reuters, 2026b, 2026c). Esta secuencia muestra que los apoyos legislativos pueden sostener a un Ejecutivo durante un periodo y retirarse cuando cambian los costos políticos. Las acusaciones y controversias deben diferenciarse de sentencias judiciales: la responsabilidad política por una conducta cuestionada no equivale automáticamente a culpabilidad penal.
El costo administrativo de las crisis merece atención. Una autoridad que desconoce cuánto tiempo permanecerá en el cargo tiene incentivos para privilegiar medidas inmediatas sobre reformas cuyos beneficios requieren años. Los cambios de equipos pueden interrumpir proyectos, debilitar la memoria institucional y retrasar decisiones. De ese razonamiento se desprende una exigencia para Fujimori: construir acuerdos que sobrevivan a una controversia particular y proteger la continuidad de funcionarios seleccionados por competencia profesional.
El inicio de la presidencia y la herencia del fujimorismo
El nuevo gabinete fue encabezado por Luis Galarreta, mientras Elmer Cuba asumió Economía y Carlos Espá Relaciones Exteriores. La conformación inicial reúne dirección política y perfiles vinculados con la gestión económica y diplomática (Presidencia de la República del Perú, 2026a; Reuters, 2026a). La selección de autoridades permite inferir las prioridades del Ejecutivo, pero no garantiza coordinación ni independencia de criterio. Esas cualidades deberán verificarse mediante decisiones, transparencia y continuidad de los equipos.
Keiko Fujimori llega con la identidad de un movimiento asociado al gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Esa relación influye en las expectativas de sus partidarios y en la desconfianza de sus críticos. En términos analíticos, la apelación a una experiencia pasada de autoridad puede facilitar la movilización electoral, pero dificulta la reconciliación cuando parte de la sociedad teme restricciones a las libertades. El problema no se resuelve mediante una afirmación de continuidad o de ruptura: requiere examinar las prácticas concretas del nuevo gobierno.
La primera sesión del Consejo de Ministros incluyó la evaluación de una solicitud de facultades legislativas y la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el sistema penitenciario. La comunicación oficial presentó estas iniciativas como instrumentos para enfrentar la delincuencia y modernizar el Estado (Presidencia de la República del Perú, 2026b). Es importante describirlas como medidas evaluadas o anunciadas en esa fecha. Su aprobación jurídica, implementación y efecto sobre la seguridad son etapas distintas que necesitan evidencia propia.
La legitimidad electoral ofrece a Fujimori una ventaja respecto de los presidentes de transición: puede desarrollar una agenda vinculada a un mandato popular. No obstante, ese origen no sustituye la obligación de justificar sus decisiones. La legitimidad también depende del trato a la oposición, del acceso a información pública y del cumplimiento de límites constitucionales. Una presidenta electa debe gobernar para ciudadanos que no la apoyaron y reconocer que el desacuerdo es una parte normal de la vida democrática.
Comparación con Balcázar Jerí y Boluarte
Balcázar tuvo una función principalmente transitoria: mantener el funcionamiento del Estado y conducir el país hasta la transferencia presidencial. Fujimori dispone de un horizonte político más amplio y enfrenta una exigencia distinta. La transición puede juzgarse por su capacidad para concluir ordenadamente; un gobierno electo debe demostrar avances sostenidos en seguridad, servicios y representación. La diferencia de duración impide comparar de manera mecánica el número de proyectos o de anuncios de ambas administraciones (Reuters, 2026c).
Con Jerí, la comparación se concentra en la transparencia y en la vulnerabilidad de una presidencia dependiente del Congreso. La controversia por reuniones no divulgadas recuerda que la gestión de relaciones con empresarios requiere registros accesibles, procedimientos de contratación verificables y mecanismos para prevenir conflictos de interés. Para el nuevo Ejecutivo, la confianza de inversionistas y el control público deben reforzarse mutuamente. Una inversión promovida mediante procedimientos opacos puede deteriorar la legitimidad del proyecto y multiplicar sus riesgos legales.
La comparación con Boluarte es más profunda porque su administración forma parte central de la herencia social y de seguridad. Human Rights Watch documentó problemas de independencia judicial, restricciones al espacio cívico y respuestas de emergencia frente al crimen durante el periodo anterior (Human Rights Watch, 2026). Ese diagnóstico permite preguntar si Fujimori reforzará instrumentos de investigación y controles democráticos o continuará medidas extraordinarias sin una reforma institucional suficiente. La evaluación debe observar hechos específicos y evitar atribuir a todos los gobiernos una conducta idéntica.
En economía, tampoco resulta riguroso describir la herencia como una destrucción completa. El Fondo Monetario Internacional señaló en mayo de 2026 que la economía había registrado crecimiento sólido en 2025, acompañado por mejores ingresos, empleo e inversión privada y por expectativas de inflación ancladas (FMI, 2026). La nueva presidenta recibe fortalezas macroeconómicas que anteceden a su mandato. Su responsabilidad consiste en preservarlas y convertirlas en bienestar más extendido, sin apropiarse automáticamente de mejoras anteriores ni atribuir todos los problemas a sus predecesores.
Gobernabilidad y controles democráticos
El restablecimiento de la bicameralidad modifica el marco legislativo de esta etapa. La Ley 31988 reformó la Constitución para establecer una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados (Congreso de la República del Perú, 2024). Dos cámaras pueden ampliar la revisión de normas y mejorar la deliberación. También pueden generar negociaciones más complejas o reproducir acuerdos poco transparentes. La arquitectura institucional ofrece oportunidades, pero su calidad depende de cómo se ejerzan las atribuciones.
El Ejecutivo necesita acuerdos programáticos cuyo contenido sea conocido. Una coalición que respalde reformas de seguridad, inversión y servicios podría reducir la improvisación. Sin embargo, el intercambio de apoyo por protección frente a investigaciones produciría una estabilidad frágil y costosa. El criterio decisivo es si el entendimiento entre poderes mejora el cumplimiento de reglas generales o crea excepciones para quienes gobiernan.
La independencia de fiscales, jueces y autoridades electorales debe tratarse como una condición de gobernabilidad. Los controles pueden incomodar a una administración, pero ofrecen a ciudadanos y empresas una garantía frente al uso arbitrario del poder. La recomendación analítica es fortalecer nombramientos transparentes, exigir declaraciones de intereses y proteger los procesos de investigación de presiones partidarias. La rendición de cuentas debe aplicarse con el mismo estándar a aliados y adversarios.
Inseguridad, extorsión y límites de la respuesta de emergencia
El crimen representa un desafío cotidiano para trabajadores y pequeños negocios. La extorsión altera decisiones económicas incluso cuando las empresas siguen abiertas: impone pagos, modifica horarios y debilita la confianza para invertir. Human Rights Watch señaló que las medidas de emergencia de Boluarte no habían reducido los homicidios hasta junio de 2025, según la evidencia recogida en su informe (Human Rights Watch, 2026). Ese antecedente aconseja evaluar la eficacia de la estrategia mediante resultados y no por la visibilidad de los operativos.
Durante agosto de 2026, el nuevo gobierno enfrentó una amenaza de paro de transportistas y respondió con compromisos de seguridad y una reducción excepcional de multas. El País informó sobre el despliegue del Plan Escudo y la polémica que produjo la rebaja de sanciones (El País, 2026). El episodio ilustra una tensión inicial: responder a sectores afectados por el crimen mientras se preserva el cumplimiento de otras normas. Desactivar una protesta ofrece alivio inmediato, pero no demuestra por sí mismo que las redes de extorsión hayan sido desmanteladas.
Una estrategia duradera necesita investigaciones financieras, protección de denunciantes, control de comunicaciones ilícitas desde las prisiones y coordinación entre policía y fiscalía. Estas son propuestas de política derivadas del problema, no logros ya comprobados. El refuerzo penitenciario requiere además capacidad para impedir que la corrupción permita a organizaciones criminales conservar su influencia dentro y fuera de los establecimientos.
La intervención militar en tareas internas exige límites claros y control civil. Una capacidad coercitiva mayor puede ampliar la presencia estatal, pero la investigación criminal demanda especialización y pruebas utilizables ante tribunales. Las métricas útiles incluyen la resolución de casos, las condenas obtenidas con debido proceso, la protección de víctimas y la reducción sostenida de violencia. Las detenciones o patrullajes, considerados aisladamente, no permiten distinguir entre una actividad intensa y una política eficaz.
Crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal
La economía peruana combina capacidad exportadora y dificultades para extender empleos de calidad. El diagnóstico del FMI de 2026 describe una base macroeconómica resistente, pero esa fortaleza no elimina los obstáculos institucionales ni asegura mejoras homogéneas entre regiones (FMI, 2026). El nuevo gobierno necesita distinguir la confianza financiera de la confianza social. Un ciudadano puede reconocer la estabilidad de precios y continuar insatisfecho con el transporte, la atención médica o la protección policial.
La orientación inicial hacia la inversión minera quedó reflejada en septiembre. Reuters informó que el Ejecutivo identificó 27 permisos potencialmente eliminables y planteó una meta de aumentar la producción anual de cobre en aproximadamente un millón de toneladas dentro de cinco o seis años (Reuters, 2026e). Son intenciones y proyecciones del gobierno, no incrementos productivos ya alcanzados. La simplificación administrativa deberá evaluarse según los tiempos de autorización, la calidad del control ambiental y la ejecución real de proyectos.
La inversión puede aportar ingresos y empleo, pero sus beneficios públicos dependen de la tributación y del uso del presupuesto. Una reducción de trámites duplicados puede mejorar eficiencia; retirar controles necesarios puede trasladar costos a comunidades y ecosistemas. La distinción exige revisar cada procedimiento y publicar sus fundamentos. La confianza empresarial resulta más sostenible cuando las reglas son claras y las obligaciones sociales y ambientales son previsibles.
La OCDE identifica debilidades fiscales y una recaudación limitada, además de ineficiencias en el gasto público (OCDE, 2025). Desde ese diagnóstico, el desafío es financiar prioridades sin multiplicar compromisos permanentes carentes de respaldo. La disciplina fiscal necesita acompañarse de mejor selección de inversiones y revisión de beneficios tributarios. Un ajuste que preserve gastos ineficaces y recorte servicios esenciales puede cumplir una meta contable mientras profundiza la desconfianza.
Pobreza informalidad y desigualdad territorial
El INEI informó que la pobreza monetaria afectó al 25,7% de la población en 2025, frente al 27,6% de 2024. La tasa rural fue de 35,5%, comparada con 23,4% en el área urbana, y el 32,8% de la población se encontraba en condición de vulnerabilidad económica (INEI, 2026). Estas cifras corresponden al periodo anterior a Fujimori y constituyen una línea de base. La reducción observada impide hablar de un deterioro uniforme; la diferencia territorial y la vulnerabilidad muestran que el avance sigue siendo insuficiente.
La informalidad, que afecta a más del 70% de los trabajadores según la OCDE, limita productividad y protección social (OCDE, 2025). Una política de formalización basada exclusivamente en sanciones puede perjudicar a personas con escaso acceso a crédito y baja capacidad administrativa. La alternativa propuesta es combinar procedimientos más sencillos con capacitación, financiamiento y protección social accesible. Formalizar debe ofrecer una ventaja concreta para el trabajador y la empresa.
Las diferencias territoriales requieren decisiones específicas. La conectividad, el agua segura y los servicios educativos pueden tener efectos distintos en una ciudad consolidada y en una comunidad rural dispersa. La igualdad de trato no implica distribuir recursos de forma idéntica: exige reconocer costos y necesidades. El gobierno debe comunicar cómo selecciona inversiones y verificar que las comunidades participen en su seguimiento.
La política educativa merece una perspectiva de largo plazo. Mejorar la infraestructura sin fortalecer el aprendizaje y la permanencia escolar limita su efecto; ampliar la formación técnica sin vínculos con empleo puede producir credenciales con escaso rendimiento. Por ello, se propone coordinar educación, desarrollo productivo y necesidades regionales. La movilidad social constituye una prueba importante del nuevo gobierno, aunque sus resultados no puedan medirse íntegramente en sus primeros meses.
Derechos humanos justicia y reconciliación
La CIDH documentó que las protestas posteriores a diciembre de 2022 se relacionaban tanto con demandas políticas inmediatas como con desigualdad, representación indígena y distribución de la riqueza. También identificó episodios graves de uso excesivo de la fuerza y estigmatización étnica y regional (CIDH, 2023). Ese antecedente obliga a considerar la crisis como una disputa sobre ciudadanía y reconocimiento, además de orden público.
La reconciliación requiere investigaciones y reparación cuando corresponda. La demanda de justicia no desaparece porque cambie la autoridad presidencial. Para Fujimori, garantizar que los procesos avancen con independencia permitiría construir confianza entre sectores que desconfían del Estado. Los resultados deben proceder de evidencia y decisiones judiciales; el gobierno debe evitar reemplazarlos con discursos que presuman culpabilidad o exoneren anticipadamente a funcionarios.
La protesta pacífica y el periodismo independiente ofrecen mecanismos para identificar problemas antes de que se agraven. Protegerlos implica reconocer el derecho a cuestionar al Ejecutivo. La estabilidad democrática se fortalece cuando existen canales de participación, información y revisión de decisiones. El éxito de una política de seguridad debe incluir la protección de esos derechos, junto con la reducción del daño causado por el crimen.
Política exterior minería y riesgo climático
En septiembre, Fujimori anunció que Perú se incorporaría al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación contra organizaciones criminales encabezada por Estados Unidos. Reuters situó la decisión en un contexto de mayor acercamiento de seguridad a Washington y de competencia internacional por minerales e infraestructura (Reuters, 2026d). La cooperación puede mejorar intercambio de inteligencia, pero sus beneficios deben evaluarse de acuerdo con objetivos peruanos y mecanismos de supervisión.
Las relaciones económicas con China y la colaboración con Estados Unidos plantean una necesidad de autonomía. La política exterior puede diversificar socios y negociar condiciones favorables sin convertir cada proyecto en una elección excluyente entre potencias. La propuesta analítica es examinar contratos, transferencia de capacidades y riesgos fiscales con criterios públicos. La afinidad ideológica de un socio no garantiza que una operación comercial resulte beneficiosa.
El riesgo climático debe incorporarse a la planificación económica. La OCDE destaca la vulnerabilidad del país y la necesidad de fortalecer adaptación y transición ambiental (OCDE, 2025). Prepararse implica mantenimiento de infraestructura, sistemas de alerta y presupuestos preventivos. Si el Estado concentra su esfuerzo en reconstruir después de cada desastre, pierde recursos que podrían sostener mejoras sociales. La continuidad de esa prevención entre gobiernos es una medida concreta de capacidad institucional.
Conclusión
Fujimori comienza con una oportunidad distinta de la de sus predecesores de transición: puede organizar una agenda con horizonte amplio y respaldo electoral. Recibe también problemas que no se resolverán mediante autoridad personal. La inseguridad, las brechas territoriales y la fragilidad de los controles públicos requieren instituciones capaces de actuar de manera sostenida y de justificar sus decisiones.
La comparación revela continuidades y diferencias. Balcázar debía cerrar una transición; Jerí mostró la vulnerabilidad de la confianza política ante controversias de transparencia; Boluarte dejó una herencia de conflicto social y cuestionamientos sobre seguridad y derechos. A la vez, el país conservó fortalezas macroeconómicas y registró una disminución de la pobreza antes de julio de 2026. Un análisis equilibrado debe reconocer ambas dimensiones y distribuir responsabilidades según periodos y competencias.
Al 1 de octubre de 2026, resulta prematuro afirmar que el nuevo gobierno ha transformado Perú. Sus primeras decisiones indican énfasis en seguridad, inversión y cooperación internacional. El juicio futuro deberá apoyarse en protección efectiva frente a la extorsión, calidad del empleo, servicios públicos, transparencia y respeto al debido proceso. La contribución más importante de esta presidencia sería demostrar que la capacidad de gobernar puede fortalecerse mediante controles democráticos y oportunidades compartidas.
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