Libertad de movimiento en CARICOM: paso fundamental en la integración regional
- José Gabriel Martínez Borrás
- 6 oct
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José Gabriel Martínez Borrás
Departamento de Ciencia Política, UPRPR
MA en Relaciones Internacionales y Diplomacia, CEAPRC
La integración regional ha sido un paso importante en la defensa de los intereses de estados que comparten fronteras territoriales o marítimas comunes. En particular, los países en vías de desarrollo (PVD) han tenido el reto de superar asimetrías comerciales y de desarrollo que los ponían en desventaja ante economías que tradicionalmente se enriquecieron de procesos históricos de explotación y colonialismo.
En la posguerra, la implementación de los derechos de autodeterminación y la culminación en la formación de estados soberanos se convirtió en la primera frontera para avanzar hacia el desarrollo de los pueblos, pero también surgió la necesidad de buscar políticas comunes entre los nuevos estados poscoloniales, y, en ello, el regionalismo tiene una historia de proteger y promover intereses comunes. Como un sindicato, los PVD buscan formas de integración regional y negociación colectiva que les permitan defender sus intereses ante las antiguas potencias coloniales y las asimetrías históricas de desarrollo.
La Comunidad Caribeña (CARICOM) ha jugado dicho papel en la región del Caribe inglés. Basado en el Tratado de Chaguaramas (1973) y en su revisón en el 2001, ha ido avanzando en la construcción de instituciones comunes que buscan establecer el Mercado y Economía Únicos del Caribe (CSME) el cual incluye bienes, servicios, capitales y personas cualificadas (movilidad laboral y derecho de establecimiento) y en fortalecer instituciones regionales como la Corte de Justicia del Caribe, entre otras (Tratado Revisado de Chaguaramas).
El Tratado Revisado de Chaguaramas produjo una enmienda conocida como el Protocolo de Cooperación Avanzada (Enhanced Cooperation Protocol) que permite que grupos de al menos tres Estados miembros de CARICOM avancen en medidas de integración más profunda entre sí, cuando se estime que ciertos objetivos no se pueden lograr en un tiempo razonable por toda la Comunidad.
Este Protocolo fue aprobado por los Jefes de Gobierno de CARICOM en una reunión en Belice en 2022 (CARICOM) y permite a los estados miembros aplicar alguna iniciativa de integración avanzada. Otros Estados miembros que no participen inicialmente pueden unirse más tarde, si cumplen los requisitos establecidos en el acuerdo.
Uno de los resultados más significativos del Protocolo ha sido la actual firma de un acuerdo de libre movimiento de la ciudadanía entre cuatro países de la comunidad: Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas.
El Acuerdo de Libre Movimiento (Full Free Movement) entró en vigor el 1 de octubre de 2025. Entre sus disposiciones más importantes reconoce el derecho de entrada, residencia y empleo, lo cual implica que los nacionales de los estados participantes podrán moverse libremente, residir, trabajar y permanecer indefinidamente en cualquiera de los otros países signatarios sin necesidad de permiso de trabajo ni de residencia. En ese caso, no hay limitación de tiempo como la regla anterior que lo limitaba a seis meses.
La estadía puede ser indefinida y permite tener acceso a servicios públicos, el derecho a atención médica de emergencia y primaria y educación pública primaria y secundaria para los hijos de los nuevos residentes, dentro de los medios que tenga el estado receptor. Esto incluye sistemas para el registro de los nacionales que se muden ante el acceso a planificar servicios, salud, educación, etc.
Ello incluye salvaguardas para que cada nación tome medidas de seguridad y salud ante cualquier amenaza a las capacidades nacionales. También existen mecanismos institucionales regionales con posibilidad de apelar y llevar a cabo procesos legales en defensa de los derechos individuales (CARICOM).
Este proceso ha tomado tiempo dado que las relaciones entre los estados miembros de CARICOM también han tenido que establecer precedentes y mecanismos de resolución de conflictos y ante la realidad de restricciones de movilidad interna. La movilidad comunitaria ha estado limitada a ciertos grupos profesionales (maestros, enfermeros, periodistas, atletas, artistas, etc.). La población en general no tenía derecho automático a vivir y trabajar en otros estados miembros. Inclusive, hubo múltiples casos de ciudadanos caribeños rechazados o maltratados en aeropuertos dentro de CARICOM. En el caso Shanique Myrie vs. Barbados, 2013, la Corte de Justicia del Caribe obligó a reconocer el derecho de entrada por seis meses, pero aún con excepciones (The Caribbean Court of Justice). Este nuevo acuerdo elimina esa ambigüedad permitiendo la residencia y trabajo sin límite de tiempo.
El acuerdo también responde a las realidades de la situación compleja del escenario regional e internacional contemporáneo.
A nivel comunitario se han dado limitaciones en el proceso de integración caribeña. Aunque el Tratado Revisado de Chaguaramas (2001) establecía la libre circulación de factores productivos, en la práctica, muchos Estados han retrasado o limitado la aplicación del CSME. El Acuerdo de Libre Movimiento de estos cuatro países permite que un grupo de ellos dé un paso adelante sin esperar al consenso de todos. Ante la descripción del Caribe insular como “economías pequeñas y vulnerables” con fuerte dependencia externa, una mayor movilidad laboral y de personas aumenta las oportunidades económicas y la resiliencia regional.
Esto es necesario ante los desafíos globales actuales en los cuales existe una fuerte competencia geoeconómica y geopolítica que distingue la actual multipolaridad. La competencia internacional, crisis económicas, migraciones y cambio climático requieren mayor cohesión regional. La unión facilita presentar una voz más fuerte en foros internacionales y avanzar en derechos ciudadanos caribeños. Los ciudadanos reclamaban menos barreras para trabajar, estudiar o residir en otros países del Caribe y el acuerdo busca convertir la identidad caribeña en una experiencia tangible.
Críticos establecen que las promesas de integración económica no se han traducido del todo en crecimiento comercial ni laboral significativo, por lo cual este acuerdo busca dar un salto cualitativo que lo haga visible para la ciudadanía y uniformizar derechos. En términos generales, el acuerdo surge para acelerar la integración regional, dar credibilidad al CSME, proteger los derechos de los ciudadanos caribeños y reducir arbitrariedades en la movilidad intrarregional. También intenta demostrar que un núcleo de países puede avanzar y servir de ejemplo para que el resto de CARICOM lo adopte a modo posterior.
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